quarta-feira, 28 de dezembro de 2011

Constituição da democracia delegativa

O amigo e Prof. Lucas Arrimada (UBA) responde em seu Blog Ante la Ley o artigo do maestro Roberto Gargarella (que está aqui logo no posto abaixo).

Excelente debate porque Lucas coincide num ponto e dissente no outro.

"La democracia institucionalizada no es, ni debe ser nunca, imposición de mayorías parlamentarias sin debate ni discusión, sin razones para ese resultado. El debate se da en diferentes ámbitos, en comisiones, entre asesores, en los pasillos, afuera y adentro el debate está, se da y siempre es fuerte más allá de las directivas de bloques y caciques parlamentarios. Ahora, que se de en las comisiones y en el pleno, o sea, que sea debate público -y si es lo más inclusivo posible mejor-, es algo importantísimo y vital para la democracia.

E segué LA:


"Nosotros pensamos que los mejores controles a las mayorías son los controles mayoritarios y democráticos, los que provienen de la política, no los elitistas y contramayoritarios. Ponemos una presunción a favor en los mecanismos más políticos y dejamos como último recurso la vía judicial. 

El punto de disenso con Roberto G. -siempre con cariño y respeto a el mais grande du mundo constitucional- se da cuando él observa que el Congreso tiene una función deliberativa tan preponderante en el diseño institucional de la Constitución Nacional. Ninguno de los artículos que menciona me permite -o ha permitido- extraer una concepción deliberativa de la Democracia de la CN."


Muito bom debate. Será que nós também defensores de uma concepção deliberativa de democracia poderíamos encontrar dificuldades em encontrar tal concepção na nossa Constituição de 1988?

Vale verificar a resposta de R. Gargarella a Lucas:

"pero a ver, por un lado, digo mucho menos: la constitucion habla reiteradamente de debate, cuando describe el proceso legislativo. esas referencias son bobadas decorativas, o forman parte del nucleo procedimental a respetar? sostengo lo segundo. por otro lado, digo algo mas: la politica esta y debe estar en y sobre todo mas alla del congreso -institucion para mi muerta, en buena medida, e irrecuperable, en buena medida. por supuesto, estamos en donde estamos, y hay que empezar trabajando con lo que tenemos (y por eso es importante impedir que se bastardee y ningunee al congreso). y en ese sentido, la constitucion debe dar un marco que ayude, que no necesita ser llenado de mas, y por eso tambien no veo a la constitucion como opresora porque el congreso no es permanente -ok, esta bien que sea- sino que creo que el trabajo esta en mostrar una interpretacion que ponga el acento en la vida politica cotidiana y en la sociedad, mas que en el congreso (en este sentido: es necesario incluir el derecho a la protesta, el derecho al pataleo, el derecho a decir que no, el derecho a estar en fuerte desacuerdo, dentro de la constitucion? espero que no tengamos que llegar ahi, la constitucion no me tiene que autorizar a decir que no. en todo caso, siempre deberemos reflexionar sobre los limites del derecho a la protesta. eta tambien protestaba por causas entendibles."


Tudo pode ser conferido diretamente no Blog do amigo Lucas Arrimada:


http://www.antelaley.blogspot.com/



La Constitución de la Democracia Delegativa


Usamos el Stencil en el 2008, acá, pero está tan bueno...
La nota del gran Roberto Gargarella, acá, tiene un punto en el que estoy de acuerdo y un punto en el que disiento. Empecemos con lo que tenemos que estar de acuerdo. El punto fuerte: La crítica puntual de pedir más debate, más discusión y más audiencias en el Congreso, estamos de acuerdo y coincidimos totalmente. Es pedir más política democrática. Sobre temas tan sensibles como -por ejemplo- la insostenible ley antiterrorista, su punto me parece evidente y necesaria su crítica.

La democracia institucionalizada no es, ni debe ser nunca, imposición de mayorías parlamentarias sin debate ni discusión, sin razones para ese resultado. El debate se da en diferentes ámbitos, en comisiones, entre asesores, en los pasillos, afuera y adentro el debate está, se da y siempre es fuerte más allá de las directivas de bloques y caciques parlamentarios. Ahora, que se de en las comisiones y en el pleno, o sea, que sea debate público -y si es lo más inclusivo posible mejor-, es algo importantísimo y vital para la democracia.

Eso sí, acá somos mayoritaristas y demócratas, por lo que cabe tener cuidado con apelar a esa caricatura que se suele usar de "mayorías opresoras", "masas desenfrenadas" para justificar controles a esas mayorías parlamentarias y sociales. Nosotros pensamos que los mejores controles a las mayorías son los controles mayoritarios y democráticos, los que provienen de la política, no los elitistas y contramayoritarios. Ponemos una presunción a favor en los mecanismos más políticos y dejamos como último recurso la vía judicial. 

El punto de disenso con Roberto G. -siempre con cariño y respeto a el mais grande du mundo constitucional- se da cuando él observa que el Congreso tiene una función deliberativa tan preponderante en el diseño institucional de la Constitución Nacional. Ninguno de los artículos que menciona me permite -o ha permitido- extraer una concepción deliberativa de la Democracia de la CN. Es más sorprende escuchar que la CN -especialmente la CN reformada en 1994- contiene una concepción deliberativa de la democracia. 

Eso querríamos tener, pero lamentablemente no hay ni siquiera una concepción de la democracia moderna en la CN. Los límites a esas lecturas son muchos. Por ejemplo, el Congreso no es un órgano permanente. Eso es una verguenza para aquellos que vemos que una parte importante de la política democrática debería pasar -no sólo pero se canaliza principalmente- en el Congreso.  La concepción de democracia de la Constitución todavía -y muy lamentablemente- es demasiado pobre. Es más, la Constitución de 1994 habilitó constitucionalmente las prácticas delegativas (ver Art. 76 y los siempre "excepcionales" DNUs) y reforzó al presidencialismo, en lugar de atenuarlo. La reforma del 94 difícilmente haya consolidado un modelo de democracia deliberativa. Siempre lo repetimos.

La Presidencia es un órgano permanente y se podría pensar que el Poder Judicial, privilegiadas ferias judiciales mediante, trabaja más tiempo que el mismísimo Congreso (obviamente salvo prórroga y sesiones extraordinarias). En la historia del Congreso lo que comentamos es mucho más claro dado que hubo años (creo recordar 1903/1905) en los que el Congreso directamente no sesionó. Tanto la Presidencia como el Poder Judicial "sesionaron", cumplieron funciones, ininterrumpidamente desde su apertura. Si a eso le sumamos las dictaduras con Congreso cerrado, tenemos más años de interrupciones, más debilidad en las prácticas.


Una reforma constitucional tiene que hacer al Congreso un órgano permanente. Permanente como la política democrática.

Más allá que en 2009 la oposición no tenía mayorías necesarias, el debate sobre la autoconvocatoria es difícil de dar también, acá. La Constitución no proyectó un Congreso fuerte sino un organo no permanente, que sesionaba de mayo a octubre (¿!!?), y ahora de marzo a noviembre. En definitiva, esa es la preponderancia del modelo presidencial alberdiano/generación 37.

Si queremos más política, y sobre todo más política democrática, no sólo deberíamos pensar en constitucionalizar un derecho a la protesta sino también deberíamos pensar en expandir las capacidades y poderes del mismo Congreso para canalizar las demandas con más publicidad y más deliberación. Eso se puede hacer desde la Constitución o desde el propio congreso, mejorando reglamentos, abriendo la cancha a más política parlamentaria. 

Normativamente, estamos de acuerdo con RG. Deberíamos tener un congreso con más proyección que sea el centro de la política democrática. Mucha imaginación y una nueva cultura política necesitamos para eso. Constitucionalmente, observo con escepticismo cuando se sostiene que el debate era un objetivo en una Constitución que nació con un sesgo tan pobre en términos democráticos, excluyente y aristocrática, que sigue diciendo -entre otros pasajes de estilo- que "El pueblo no delibera ni gobierna sino a través de sus representantes" (Art. 22).  Salut.

segunda-feira, 26 de dezembro de 2011

O Congresso e o debate (necessário) para a produção de Leis

Excelente artigo de R. Gargarella sobre as leis aprovadas por maioria no Congresso argentino.

O Congresso não pode servir como mero Cartório do Poder Executivo; deve ser uma instância de debate e não de mera confirmação daquilo que lhe é enviado, pois nem tudo o que se aprova com as maiorias requeridas pode ser chamado de Lei.

"Basados, por caso, en una concepción deliberativa de la democracia, podríamos decir que ninguna ley es plenamente válida si no se encuentra respaldada por al menos dos rasgos adicionales: ser socialmente inclusiva y haber sido suficientemente debatida (en la sociedad, y muy particularmente) puertas adentro del Congreso.


http://www.lanacion.com.ar/1435530-el-parlamento-no-debe-ser-una-escribania-del-poder-ejecutivo



El Parlamento no debe ser una escribanía del Poder Ejecutivo


En momentos en que el oficialismo cuenta con supermayorías en el Congreso, uno agradece, al menos, que las principales decisiones públicas que hoy se adoptan comiencen a ser respaldadas por la fuerza de la ley, en lugar de apoyarse en la letra de simples decretos.

La maniobra anterior -la de legislar por decreto- terminaba por socavar la constitucionalidad de las principales medidas de gobierno o, en el mejor caso, las dotaba de una precariedad peligrosa e innecesaria (piénsese en el caso de la Asignación Universal por Hijo).

Dicho esto -el valor de contar con normas promovidas desde el Congreso, antes que con meros decretos de dudosa validez constitucional-, cabe hacerse una pregunta absolutamente relevante en estos tiempos de mayorías automáticas, aunque seguramente absurda para muchos: ¿es que todo lo que se aprueba a mano alzada, y a partir de las mayorías requeridas, en el Congreso, debe considerarse una ley? Me permitiría, polémicamente, decir que no.

Existen razones teóricas -basadas en una cierta concepción de la democracia-, para ser más exigentes con aquello a lo que queremos llamar ley. Basados, por caso, en una concepción deliberativa de la democracia, podríamos decir que ninguna ley es plenamente válida si no se encuentra respaldada por al menos dos rasgos adicionales: ser socialmente inclusiva y haber sido suficientemente debatida (en la sociedad, y muy particularmente) puertas adentro del Congreso.

Aunque el primer requisito me interesa más que el segundo, voy a concentrarme aquí en este último, que es importante como lo es el primero. Básicamente, lo que quiero decir es que nadie -y sobre todo quienes asociamos a la democracia con un proceso de discusión pública- merece considerar que tienen fuerza de ley normas que no han sido el producto de un intercambio de razones en el Congreso -normas que en el mejor de los casos son el producto de una mera ficción de debate.

Sin dudas, muchos se sonreirán frente a tal exigencia: "No vengan con invenciones extrañas, ahora que el Gobierno cuenta con mayorías propias", podrán decir. A ellos podría respondérseles que guarden la sonrisa por un rato. Y es que el propio texto de la Constitución se encuentra plagado de referencias literales en el sentido indicado. Por citar sólo algunas, piénsese en el artículo 78, el artículo 83, el artículo 100 inciso 9, el artículo 106, referidos todos a los modos en que debe operar el Congreso en la sanción de las leyes y, en particular, a las discusiones y debates que deben darse en ocasiones tales.

El objetivo de la Constitución es obvio y muy similar al que podemos sostener desde la teoría. Resulta que el Congreso no es ni debe ser una mera escribanía de la Presidencia, limitado a firmar lo que otros le ordenan. En el Congreso se deben escuchar las voces de todos y sobre todo se debe prestar atención a la voz de los que disienten. Y no se trata sólo de escuchar, sino de dejar en claro, frente a la sociedad, qué razones públicas respaldan lo que se hace, de qué modo se responden las objeciones de los disidentes.

Finalmente, se trata de consideraciones básicas cuando lo que está en juego es el uso de los recursos económicos de todos o el modo de empleo del aparato represivo del Estado. Dichas exigencias de debate público no quedan satisfechas, por tanto, cuando se le dice a la oposición -como se le dice hoy- "discutan lo que quieran, luego venimos nosotros y votamos lo que ya teníamos decidido", ni con ideas del tipo "de este proyecto no modificaremos ni una coma" o "acá se hace lo que pida la Presidenta".

Tales acciones y testimonios hacen algo peor que degradar al Congreso: no sólo denigran la democracia, sino que -conforme a la misma letra de la Constitución-, le quitan validez o fuerza de ley a lo decidido.

quinta-feira, 22 de dezembro de 2011

Ciclofaixa e democracia (deliberativa?)...

Mais um erro da Prefeitura de Curitiba com as ciclofaixas. Uma ação tremendamente importante (as ciclofaixas) e que, novamente, sai mal executada pela falta de escuta e participação daqueles que irão justamente usar as ciclofaixas - os ciclistas.

Desde este espaço alertamos, novamente, a Prefeitura Municipal de Curitiba que a solução para as ciclofaixas é simples: basta escutar os ciclistas, dar espaço e voz àqueles que vêm sendo insistentemente ignorados. Porque não há Administração Pública legítima sem democracia (deliberativa).



http://www.gazetadopovo.com.br/vidaecidadania/conteudo.phtml?tl=1&id=1205936&tit=Ciclistas-protestam-contra-meia-faixa



Ciclistas protestam contra “meia-faixa”


Publicado em 22/12/2011 | ANGÉLICA FAVRETTO, ESPECIAL PARA A GAZETA DO POVO
Um grupo de cicloativistas se reuniu ontem, no bairro Hauer, para protestar contra o erro cometido pela prefeitura de Curitiba na metragem da ciclofaixa da Ave­­nida Marechal Floriano Peixoto, entre o viaduto da Linha Verde e o terminal do Carmo. O evento foi convocado pelo site Bicicletada Curitiba.
A conclusão da obra deveria ter acontecido em novembro de 2010, mas começou a ser entregue na se­­mana passada. De acordo com o ativista Oscar Cidri, a promessa de faixas exclusivas para ciclistas é antiga. “Agora nos entregam uma ‘meia-faixa’ de 75 centímetros.”
Durante o trajeto entre o Shopping Cidade e o início da ciclofaixa, a reportagem da Gazeta do Povo pôde perceber a falta de segurança a que os ciclistas são ex­­postos. Não há sinalização adequada nas ruas e nem sempre os carros dão a vez para as bicicletas.
O projeto
Em 2008, quando o projeto foi anunciado, havia a previsão de criar vias exclusivas para bicicletas, nos dois sentidos da avenida, com 1,5 metro de largura cada uma. No entanto, a faixa entregue tem 75 centímetros. Com a faixa menor, não há possibilidade de ultrapassagem entre os ciclistas.
O Instituto de Pesquisa e Pla­­nejamento Urbano de Curitiba (Ippuc) re­­conheceu o erro e o atribuiu à Urbani­­zação de Curitiba S/A (Urbs), dizendo que serão feitos os reparos necessários, mas sem previsão para o iní­­cio da readequação. No en­­tanto, as faixas terão entre 1,2 e 1,3 metro.

quarta-feira, 21 de dezembro de 2011

Novo Blog - Ante la Ley

Saiu o excelente Blog do amigo e Professor de Direito Constitucional da Universidade de Buenos Aires (UBA) e da Universidade Palermo (UP) Lucas Arrimada. Nele já podemos antever o melhor da discussão sobre constitucionalismo e democracia. Aguante Lucas e te acompanharemos daqui!


http://www.antelaley.blogspot.com/


Ps: as fotos dos stencils são sempre um presente à parte

quinta-feira, 15 de dezembro de 2011

Políticas públicas para as pessoas com deficiência

Artigo publicado hoje na Gazeta do Povo. 

"Os direitos dessas pessoas estão previstos na Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, na Constituição Federal e também em diversas leis e decretos federais e estaduais. No entanto, afirmar que esses direitos já estão previstos é apenas o primeiro passo. Esses textos, por si só, não mudam a difícil e dura realidade das pessoas com deficiência. Mas a participação da população, e principalmente das pessoas diretamente interessadas, na elaboração das políticas públicas muda e concretiza aquilo que até então era apenas texto."


http://www.gazetadopovo.com.br/opiniao/conteudo.phtml?tl=1&id=1203422&tit=Politicas-publicas-para-as-pessoas-com-deficiencia

Políticas públicas para as pessoas com deficiência


Publicado em 15/12/2011 | MARIA TEREZA UILLE GOMES E MIGUEL GUALANO DE GODOY

Se é um consenso que as pessoas com deficiência devem ter seus direitos assegurados, ampliados e efetivados, é certo que esses direitos só podem ser efetivados através de uma ampla e democrática discussão com a sociedade
O governo do estado, juntamente com a Associação Paranaense do Ministério Público, realizou no dia 28/11 audiência pública para apresentação e discussão do anteprojeto de lei que estabelece a Política Pública e o Estatuto da Pessoa com Deficiência do estado do Paraná.
Estiveram reunidos durante todo o dia o vice-governador do estado, Flávio Arns; a secretária de Estado da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos, Maria Tereza Uille Gomes; deputados federais e estaduais; membros do Ministério Público e de outros estados da federação; membros do Poder Judiciário; representantes de inúmeras associações e entidades representantes de pessoas com deficiência; membros do Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência; e as pessoas com deficiência.
Na audiência pudemos apresentar e discutir os princípios, objetivos, diretrizes e estrutura daquilo que pretende ser a política pública de promoção e defesa das pessoas com deficiência do Paraná. Os direitos dessas pessoas estão previstos na Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, na Constituição Federal e também em diversas leis e decretos federais e estaduais. No entanto, afirmar que esses direitos já estão previstos é apenas o primeiro passo. Esses textos, por si só, não mudam a difícil e dura realidade das pessoas com deficiência. Mas a participação da população, e principalmente das pessoas diretamente interessadas, na elaboração das políticas públicas muda e concretiza aquilo que até então era apenas texto. É com a participação da população e, em especial, das pessoas com deficiência, que o governo do Paraná pretende definir, de forma aberta, conjunta e plural, as políticas públicas, bem como consolidar e ampliar os direitos e garantias das pessoas com deficiência do Paraná.
Se é um consenso que as pessoas com deficiência devem ter seus direitos assegurados, ampliados e efetivados, é certo que esses direitos só podem ser detalhados, ter seu conteúdo e efetividade estabelecidos, através de uma ampla e democrática discussão com a sociedade, e de maneira especial com as próprias pessoas com deficiência.
Por isso, o anteprojeto de lei que está em discussão prevê que, a partir do estabelecimento dessas políticas públicas, deverá ser realizado, de forma igualmente aberta, plural e democrática, em prazo determinado, o Plano Diretor da Pessoa com Deficiência do Paraná. Esse plano deverá conter os programas, os projetos e as ações a serem desenvolvidos pelo governo do Paraná, a fim de dar efetividade e cumprimento às políticas públicas e aos direitos das pessoas com deficiência do estado.
Dessa forma, o governador, Beto Richa, e o vice-governador, Flávio Arns, cumprem o disposto no seu Programa de Governo ao dar não apenas atenção à pessoa com deficiência, mas ao incluí-las em todo o processo de discussão e decisão sobre as políticas públicas e direitos da pessoa com deficiência do Paraná.
Vale destacar que o anteprojeto será enviado às associações e conselhos municipais da pessoa com deficiência. Afinal, esse processo de discussão ainda encontra-se aberto. O estatuto estará disponível para consulta pública pela internet, no site da Secretaria de Estado da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos (www.justica.pr.gov.br) de 6 a 21 de dezembro. Nesse período poderão ser enviadas críticas e sugestões ao anteprojeto de lei.
Esse é mais um passo do governo do estado para a abertura democrática das discussões e decisões políticas sobre a pessoa com deficiência do Paraná. Afinal, democracia é (também) isso. Ou, como dizem as pessoas com deficiência: “Nada sobre nós sem nós”.

Maria Tereza Uille Gomes, secretária de Estado da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos, é procuradora de Justiça do Ministério Público do Paraná, doutora em Sociologia pela UFPR e Mestre em Educação pela PUC-PR. 
Miguel Gualano de Godoy, doutorando, é mestre em Direito do Estado pela UFPR, assessor jurídico da Secretaria de Estado da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos do Paraná
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domingo, 11 de dezembro de 2011

Constitucionalismo, democracia e Federação: a divisão do Pará

Muitos devem ter acompanhado as questões levantadas sobre a divisão, ou não, do Estado do Pará. Para nós que pretendemos pensar o direito constitucional e a democracia em uma relação de implicação mútua, fica a questão: qual federação pretendemos construir? Como dividir os recursos em um país tão grande e desigual? É o nosso atual modelo de Federação o melhor e mais adequado para os problemas que nós brasileiros temos que enfrentar? A questão da divisão (ou não) do Estado do Pará, recoloca esse tema clássico na agenda. Seguem alguns textos (os dois primeiros publicados na Folha de São Paulo de sábado) sobre o assunto, bem como o resultado recém proclamado pela não divisão do Estado em três (Carajás, Tapajós e Pará):



FLEXA RIBEIRO

TENDÊNCIAS/DEBATES

O Pará deve ser dividido em três Estados?

NÃO

Estado precisa ser reconhecido pela União

Amanhã, dia 11, os paraenses vão dar um exemplo ao Brasil de exercício democrático. O país acompanhará o desfecho do plebiscito que dará voz à população paraense se esta deseja ou não a divisão do Estado em três, para o surgimento de Tapajós e Carajás.

O exemplo paraense deve ser compreendido pelos brasileiros. E, principalmente, pelo governo brasileiro. Propostas de divisão territorial não são novas. Desde a promulgação da Constituição, em 1988, surgiram cerca de 20 projetos para criação de novos Estados, nas cinco regiões do País.

Todas elas possuem, em sua principal justificativa, a necessidade de atender melhor a população em serviços básicos, como saúde, educação, segurança e infraestrutura. O discurso separatista ganhou força ao preencher o vazio deixado pelo Estado brasileiro.

A novidade é o processo de um plebiscito. E o Pará enfrentou o tema sem medo. No dia seguinte ao plebiscito, mostrará maturidade ao levantar novas bandeiras, em conjunto e com mais força. O plebiscito fez com que o Brasil ouvisse a voz do Pará. Uma voz que dirá mais que um monossilábico "não".

O encaminhamento é o de que o Pará não precisa ser dividido. Precisa, com urgência, ser reconhecido pela União. União que representa todos os entes da Federação. Porém, cada vez mais, tais entes não se sentem representados por conta de um pacto federativo injusto.

Infelizmente, é comprovada a falta de vontade política da União em cumprir a determinação constitucional de tratar de forma desigual os desiguais, com a ausência de políticas públicas eficientes e integradoras. De acordo com os valores pagos pela execução da Lei Orçamentária de 2010, a União investiu R$1,4 trilhão em todo o país.

Desse montante, apenas irrisório 1,1% foi destinado para os nove Estados da Amazônia Legal. A criação de novos Estados mudaria isso? Certamente não.

Com o plebiscito, o Pará evidenciou o sentimento de abandono que é comum a outras áreas do país que buscam a emancipação. Porém, em vez de apontar o dedo, o Brasil deve estender a mão a essas regiões e compreender que o separatismo não surge só pela intenção de lideranças políticas, mas pela falta de apoio do governo federal aos Estados.

Certamente, quem votar no "não" é, sim, solidário a Tapajós e Carajás. Portanto, o "não" à divisão é também um sim à urgente necessidade de rever o pacto federativo brasileiro. Isso precisa ser encarado pelo governo federal. Do contrário, o exemplo pacífico e democrático do Pará pode ser precursor de capítulos mais traumáticos à história do Brasil -o que não queremos.

Que o plebiscito seja um marco na história do país, fazendo com que a União reconheça as suas obrigações. Entre elas, a regulamentação da Lei Kandir, que penaliza os Estados exportadores -como o Pará- com perda aproximada de R$1,5 bilhão/ano. Essa, sim, deve ser a bandeira de todos os paraenses. Uma bandeira que exige de volta aquilo que é de direito do nosso povo e que nos foi tirado pela União.

É, por fim, um marco para que o pacto federativo não seja mais um mecanismo perverso que promove o rapto das riquezas dos Estados.

A União deve compartilhar as diferentes contribuições federais entre Estados e municípios, garantindo recursos suficientes para que possam atender satisfatoriamente a demanda crescente de serviços públicos da população.

O plebiscito deixa claro que precisamos resolver essas questões, comuns a todos os Estados. A única forma de superar tais desafios é encarar esses e outros pontos ainda intocados pela União. E não por meio de simples redefinições de limites geográficos.

FLEXA RIBEIRO é senador pelo PSDB-PA, ouvidor-geral do Senado, vice-presidente da Executiva Nacional do PSDB e vice-líder do PSDB no Senado.




EDIVALDO BERNARDO

TENDÊNCIAS/DEBATES

O Pará deve ser dividido em três Estados?

SIM

Benefícios para todos

Estamos cientes de que a redivisão político-administrativa do Pará resultará em benefícios tanto para o Pará quanto para Carajás e Tapajós. A verdade é que o Pará tem muitas dificuldades e não consegue levar desenvolvimento para milhões de seus habitantes.

Pois, sendo um Estado gigante, com população grande, regiões abandonadas e muitas carências, tem problemas que o governo paraense não pode solucionar, porque sua arrecadação é muito baixa.

Dessa maneira, o governo paraense não faz os investimentos necessários no Estado porque não arrecada o suficiente e não arrecada o suficiente porque não faz os investimentos necessários.

Com a divisão do atual território paraense, o novo Pará continuará recebendo seus recursos, enquanto as regiões de Carajás e Tapajós vão passar a receber recursos federais que antes não recebiam.

Essas regiões terão direito a cota do Fundo de Participação dos Estados (FPE), transferidas pelo governo federal, que somarão R$ 3,3 bilhões ao ano. Esse dinheiro é mais que o dobro de tudo o que o governo do Pará gastou nessas regiões no ano de 2010.

Por sua vez, o governo do Pará vai reduzir grande parte de suas despesas. Isso porque vai transferir para os novos Estados o ônus de administrar 1 milhão de km², 66 municípios, 2,7 milhões dos seus atuais habitantes e cerca de 5.000 servidores estaduais.

Vai também deixar de gastar R$ 1,5 bilhão, que foi o que gastou nessas regiões em 2010. Sua receita por habitante vai aumentar, já que sua população será reduzida em 36%, mas suas receitas não serão reduzidas na mesma proporção.

Por isso, seu FPE per capita irá aumentar em 35% e o ICMS per capita em 3%. Além disso, a área do novo Pará será ainda maior que a de 12 Estados do Brasil, e quatro vezes maior que o Rio de Janeiro, o segundo mais rico do país.

Desenvolvimento é ter uma população com altos índices de educação, economia com moderna industrialização, e não tamanho de território. O Japão é um país pequeno e rico. Investiu na educação do seu povo. Modernizou a indústria. Os Estados Unidos são um país grande e rico, também muito industrializado, e seu povo dispõe de excelentes escolas e universidades. Abaetetuba é maior que a cidade de São Paulo (com R$ 357 bilhões de riqueza em 2008), que por sua vez é mais rica que todos os sete Estados da região Norte do Brasil (com R$ 154 bilhões).

O Pará ficará com toda a orla marítima do Estado, que, além de ser fonte de turismo, abriga portos de exportação e tem indícios de ocorrência de petróleo e gás.

Estudos aprofundados de finanças públicas indicam que os três terão mais desenvolvimento. Assim aconteceu com São Paulo e Paraná, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, Goiás e Tocantins. Todos prosperaram. Vejam: o Pará recebeu R$ 2,9 bilhões do FPE, transferido pelo governo federal, em 2010.

Com a criação de Carajás e Tapajós, haverá aumento da receita regional, resultando num FPE para o atual território do Pará da ordem de R$ 5,9 bilhões. Onde existe apenas um FPE, passarão a existir três.

O novo Pará continuará recebendo seus recursos, e os novos Estados de Carajás e Tapajós passarão a receber recursos do governo federal que antes não recebiam.

Portanto, se a divisão do Pará é boa para todos, não devemos ser contra! Sim, haveremos de ver nosso sonho se tornar realidade. As populações que habitam as regiões de Carajás e Tapajós hão de conquistar o direito de governar seus próprios destinos. Afinal, quem possui de fato deve possuir de direito.

EDIVALDO BERNARDO, doutor em história e literatura (Universidade de León, Espanha), é professor da Universidade Federal do Oeste do Pará.



Governador do Pará festeja resultado de plebiscito e critica pacto federativo

Sandra Rocha
Do UOL Notícias, em Belém (PA)

O governador do Pará, Simão Jatene (PSDB), comemorou o resultado do plebiscito, mas disse que a consulta é um recado aos demais Estados que se contentam com o modelo federativo atual. “Amanhã, pode ser você”, disse.

Jatene fala em desafios após votação

Jatene deu uma entrevista coletiva logo após o anúncio do resultado do plebiscito, em que considerou legítimo o desejo dos que querem mais atenção do Estado. O remédio adotado é que não foi aprovado.

O governador disse que se o governo dividir o orçamento em partes iguais para as regiões, a situação continuará ruim porque o maior problema do Estado é financeiro.

"A insuficiência de recursos é determinante. Parece choro de quem quer dinheiro, mas não é isso", disse, ao apontar as perdas como a gerada pelo modelo exportador adotado no Brasil.O Pará, por exemplo, deixou de arrecadar R$ 1,5 bilhão com a exportação de minérios por causa da desoneração determinada pela Lei Kandir. Hoje, recebe apenas R$ 260 milhões de compensação.

Para o governador, o plebiscito abriu uma vitrine e agora cabe ao Pará puxar a discussão nacional sobre mudanças na forma como as riquezas do país são repartidas.

“É preciso que tenhamos um pacto para recolocar o Pará na discussão nacional. Espero que o que ficou restrito ao Estado do Pará se torne nacional. Teremos um ambiente mais favorável”, disse

http://noticias.uol.com.br/politica/2011/12/11/governador-do-para-festeja-resultado-de-plebiscito-e-critica-pacto-federativo.jhtm


Sobre a liberdade de expressão no Brasil

Vídeo bem interessante sobre a liberdade de expressão no Brasil:

quarta-feira, 7 de dezembro de 2011

A Participação Popular na Elaboração do Orçamento

Excelente artigo do amigo e professor de Direito Financeiro da UFPR Rodrigo Kanayama sobre orçamento participativo. 

Pena que a Câmara de Vereadores de Curitiba rejeitou a proposta de participação popular na definição do direcionamento das finanças municipais.



A participação popular na elaboração do orçamento


O orçamento participativo não se satisfaz com a apresentação das propostas de orçamentos públicos, em reuniões, para que as pessoas opinem sobre despesas. Satisfaz-se com o movimento de baixo para cima
Não é de hoje o uso do termo orçamento participativo nas finanças públicas. Remete à participação popular na feitura das leis orçamentárias (plano plurianual – que é o plano de governo – lei de diretrizes orçamentárias – que, principalmente, orienta a elaboração e a execução da lei orçamentária anual – e a lei orçamentária anual, que vige por um ano e fixa despesas públicas). A partir de 1988, a democracia espraiou-se por todas as instituições públicas. Diz a Constituição da República: todo o poder emana do povo – indiretamente, por meio dos representantes eleitos, ou diretamente. Significa que o povo, soberano, pode se expressar, sem qualquer intermediário, nas decisões públicas.
A competência para elaboração dos orçamentos públicos municipais e a decisão última da alocação dos recursos são do prefeito. A decisão, então, cabe a um representante eleito – não há como negar. Não obstante, a participação popular é necessária e, conforme o Estatuto da Cidade, condição para aprovação dos orçamentos pela Câmara Municipal. É a gestão democrática da cidade, sendo exigida a realização de debates, audiências e consultas públicas sobre as propostas orçamentárias. É o orçamento participativo.
As decisões que mais influem a vida cotidiana de todas as pessoas são as orçamentárias. Recursos escassos, recebidos pelos cofres públicos, em sua maioria, dos contribuintes – os impostos –, são alocados em finalidades diversas, sempre voltados à satisfação de necessidades. Os postos de saúde dos bairros, o asfalto que cobre a rua, a guarda municipal, os parques que divertem as crianças, a remuneração dos servidores públicos que movimentam a máquina pública: todos suportados por dinheiro. Por isso, é fundamental que o assunto seja tratado com bastante sobriedade.
A Câmara Municipal de Curitiba divulgou, para a comunidade, que estava promovendo a revisão da Lei Orgânica do Município – cujo status é o de Constituição do município. É essa lei que rege todos os princípios e regras fundantes de Curitiba. Portanto, de importância indubitável. A discussão do projeto de revisão foi aberta ao público, pelo site da Câmara. Medida bastante sábia. Agora na votação, deve incluir no texto da lei o orçamento participativo, experiência que vem funcionando com sucesso em Porto Alegre, por exemplo.
O orçamento participativo não se satisfaz com a apresentação das propostas de orçamentos públicos, em reuniões, para que as pessoas opinem sobre despesas públicas previamente escolhidas pelo governo. Satisfaz-se com o movimento de baixo para cima, ou seja, o impulso das decisões orçamentárias deve ocorrer por entidades populares autônomas, atentas aos dados orçamentários do governo – e aqui é importante o relacionamento governo/entidades populares – e chega, ao final, ao prefeito, que pode acatar ou não as deliberações populares, motivando a sua decisão. Não se quer retirar a competência do prefeito para elaborar os orçamentos públicos – a Constituição da República é clara neste ponto). Afinal, ao administrador cabe decidir prudentemente. O que se quer é fortalecer o debate orçamentário democrático e a esfera política (tão ignorada no Brasil), garantindo a participação efetiva do maior interessado: o povo.
Rodrigo Luís Kanayama, advogado, é professor de Direito Financeiro e Políticas Públicas e coordenador do Curso de Direito da UFPR.