Ciertas novedades han ido apareciendo en el marco de los sistemas institucionales vigentes, demasiado habituados a resistir toda reforma. La novedad principal consiste en la aparición, en todo el mundo (desde Sudáfrica y la India a Colombia o la Argentina) de procesos de toma de decisión no tradicionales, esto es, alejados del modelo “viejo” en donde el Poder Ejecutivo tiene la iniciativa, el Poder Judicial se queda con la “última palabra,” el Congreso (dependiendo del caso) obedece de modo más o menos ciego lo que le dice el Ejecutivo, mientras la ciudadanía no es invitada a escena, porque el poder no está dispuesto a escucharla aunque actúe siempre invocándola a ella.
Estos sistemas de toma decisión alternativos que, de modo informal, han ido emergiendo, parecen muy distintos de aquellos a los que estamos acostumbrados: i) se trata de procesos “conversacionales” (basados en el diálogo) antes que impuestos desde arriba por el Ejecutivo; ii) en ellos se busca que los actores políticos (incluyendo al Congreso) y las partes involucradas encuentren la solución al problema del caso en diálogos que son monitoreados por el Poder Judicial (en lugar de impedidos o reemplazados por la “última palabra” judicial); y iii) tales procesos buscan que la ciudadanía recupere su palabra, en la decisión de asuntos que la involucran directamente.
El caso “Riachuelo”, en la Argentina, representó un primer paso, parcial e insuficiente, pero orientado en la dirección correcta: un problema “estructural” extraordinario (la contaminación del Río de la Plata, que el poder político quería resolver a fuerza de golpes de efecto, y que la justicia desatendía), comenzó de repente a ser discutido en audiencias públicas y participativas, coordinadas por el Poder Judicial, en las que empezaron a tomarse decisiones más racionales y conversadas (procesos similares se dieron en Colombia, por ejemplo, en el caso de las “personas desplazadas”; o en Sudáfrica, en relación con la falta de medicinas).
Esta forma distinta de concebir al derecho y la democracia, orientada a resolver problemas estructurales a través de un diálogo a la vez institucional e inclusivo, enfrenta, sin embargo, enemigos varios.
Estos adversarios se reconocen fácilmente en la actualidad, cuando el país se encuentra ante problemas que van desde la corrupción a la desigualdad estructurales. El poder político y económico dominante resiste las alternativas “dialógicas” en cada uno de sus rasgos centrales: primero, por conveniencia, ya que la satisfacción pronta de intereses parciales necesita de imposiciones discrecionales, antes que de decisiones abiertas y dialogadas; segundo, por convicción: muchos de los defensores del poder concentrado hacen un culto al “decisionismo” (schmittiano), a la vez que rechazan con ironías todo lo que tenga que ver con diálogo; y tercero, por razones de carácter elitista, que implican la descalificación de la participación popular cada vez que las demandas públicas contradicen lo que el poder dominante quiere: de repente, el pueblo soberano y sabio pasa a ser uno que obedece bobo los dictados de los “medios hegemónicos”. Otra vertiente de esta crítica elitista descalifica toda intervención del pueblo señalándolo acusatoriamente: para algunos, parte del pueblo es “desagradecido”, porque no retribuye hoy los “favores” que supuestamente ayer habría recibido; para otros, la ciudadanía no tiene autoridad moral para hablar, luego de haber dado su voto a los mismos que hoy responsabiliza de la corrupción que lo aqueja. Curiosamente, ninguna de estas críticas elitistas presta atención al modo en que han vaciado de sentido al sistema institucional: es posible que, puesto a elegir entre la ilusión de un beneficio económico para su familia, y el rechazo de la corrupción estructural, una persona apueste a la ilusión del bienestar de los suyos, pero esto habla menos de la reprochabilidad de sus elecciones personales, que de la inmoralidad de un sistema institucional que extorsiona a los ciudadanos de modo semejante, quitándoles herramientas de decisión y control, a la vez que los somete a opciones tales.
Algunas aclaraciones finales. Primero, un proceso no se convierte en “dialógico” porque el juez o funcionario de turno se llene la boca hablando de diálogo: lo que debe facilitarse es que la propia ciudadanía, víctima de problemas estructurales (desde la contaminación de un río a la corrupción gubernamental), se involucre en procesos de reflexión y decisión efectivos en torno a tales dificultades. Segundo, el diálogo inclusivo no debe depender de la decisión discrecional de ningún funcionario: debe realizarse por un imperativo institucional, y no porque por azar nos tropezamos con la buena voluntad de alguien. Finalmente, el diálogo democrático no tiene nada que ver con una encuesta de marketing, entre otras cosas porque la democracia no tiene nada que ver con el mercado. Al poder de turno, sin embargo, le cuesta aceptarlo: aquí, como en todo el mundo, más allá de medios hegemónicos y gobiernos perversos, el pueblo comienza a levantarse, poco a poco, a pedir cuentas, a reclamar control y voz sobre asuntos que son suyos y que deben empezar a ser considerados y decididos como tales.
http://www.clarin.com/opinion/Control-voz-asuntos_0_1159684069.html
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