STF na Corda Bamba

A Gazeta do Povo inaugurou hoje a página "Direito e Justiça" e começou mto bem, com artigos de ilustres juristas sobre os mais importantes temas da atualidade. Está disponível tb na internet. Vale a pena conferir!!!! Por agora coloco o artigo que trata de um tema já exposto por aqui: a decisão do STF sobre a conversão em Lei das Medidas Provisórias.

"A coordenadora do Núcleo de Constitucionalismo e Democracia da UFPR, Vera Karam Chueiri, avalia que, apesar das mudanças no jul­ga­mento, o STF abriu uma porta de diálogo com o Con­gresso ao modular a decisão para MPs futuras. “Não é nem uma questão de uma simples conversa, mas de se pensar melhor em soluções compartilhadas. É possível buscar caminhos melhores para todos.”


http://www.gazetadopovo.com.br/vidapublica/justica-direito/conteudo.phtml?tl=1&id=1236165&tit=STF-na-corda-bamba

Livro - Pensamento Jurídico Moderno e seus Desencontros com a Biotecnologia

Saiu o livro "Pensamento Jurídico Moderno e seus Desencontros com a Biotecnologia", pela Editora da UFPR, da Prof. e Amiga Rebeca Fernandes Dias.

"Em uma realidade, como a ocidental capitalista, fundadas nas relações comerciais, o corpo tornou-se mercadoria de troca para assegurar a própria vida. Mas, afinal, qual vida? ... O homem, a partir, principalmente vê-se localizado em um limbo, indeciso entre a afirmação da dignidade de sua humanidade e a ambição de uma pós-humanidade sem limites".

EXCELENTE OPÇÃO PARA REFLETIRMOS SOBRE O DISCURSO JURÍDICO E A BIOTECNOLOGIA!!!

STF reabre discussão sobre Lei de Anistia

A implementação da Comissão da Verdade, a iniciativa do Ministério Público Federal  em propor ação penal contra o Curió por participação em sequestros e o recurso da OAB relativamente à Lei de ANistia na ADPF 153 recolocam na pauta do Estado brasileiro uma inquietação e um desejo, qual seja, passar a limpo as gravíssímas violações de direitos humanos perpetradas durante o período da ditadura militar. Quando leio as manifestações do advogado geral da União e de outros agentes públicos, como alguns membros da magistratura e do ministério público, o principal argumento em relação à revisão das violãções de direitos humanos é a insegurança jurídica que aquela poderia gerar. Ora, mais do nunca é preciso ler nessas declarações o que não está escrito mas está dito: o Estado brasileiro é acanhado, atrasado, omisso, conivente com violações de direitos humanos. A economia do país avança na exata proporção da violações de direitos. Por isso, mais do nunca, é preciso que se passe isso a limpo e, neste sentido, louvo a ação dos corajosos procuradores da república e do conselho federal da OAB e de todos que estão levando a frente essa luta por memória, verdade e responsabilidade.

Uma crítica a política econômica do arrocho e da privatização - LAS RAZONES Y LAS CALLES (Felix Ovejero)

Contra os pactos econômicos impostos que PRIVATIZAM OS LUCROS E SOCIALIZAM OS PREJUÍZOS. Contra a falácia político-econômica que vê apenas nos arrochos e privatizações a solução para a crise. A Islândia está aí para provar o contrário (tratamos disso aqui no Blog).


EXCELENTE ARTIGO DO PROF. DE ECONOMIA FELIX OVEJERO, da Universidade de Barcelona.


"Los fundamentalistas del mercado aseguran que este, sin intromisiones institucionales, asegura la prosperidad: mérito y bienestar, justicia y eficiencia. Con la crisis ni uno solo de sus principios ha conseguido mantenerse."





http://elpais.com/elpais/2012/02/27/opinion/1330369021_930158.html

Las razones y las calles

Los fundamentalistas del mercado aseguran que este, sin intromisiones institucionales, asegura la prosperidad: mérito y bienestar, justicia y eficiencia. Con la crisis ni uno solo de sus principios ha conseguido mantenerse

FÉLIX OVEJERO 7 MAR 2012 - 00:07 CET

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RAQUEL MARÍN

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La izquierda está contra las cuerdas y la derecha crecida. A primera vista no se entiende. Era George Busch quien gobernaba en Estados Unidos aquel 15 de septiembre de 2008, cuando Lehman Brothers anunció su quiebra y comenzó el lío. Y no pasaba por allí, que llevaba ocho años en el poder. Lo que se nos vino encima, que no era pequeño, no dejaba en buen lugar a los conservadores. Para que se hagan una idea, con un comparación que a estas alturas ya se queda pequeña, el precio de los rescates en EE UU supera a la suma de lo que costaron la compra de Luisana, el Plan Marshall, la crisis de las cajas de ahorro de los 80, las guerras de Corea y Vietnam, la invasión de Irak, el New Deal y el presupuesto entero de la NASA incluidos los viajes a la Luna.

Después de paladear el inventario, resulta difícil entender de donde sacan pa tanto como destacan los que a diario nos vienen con la cantinela de la incondicional eficiencia privada y los despilfarros de los gobiernos, que existen, pero que, en comparación, apenas alcanzan para cubrir el catering de las reuniones en las que se decidían estas oceánicas transferencias de riqueza.

Para los fundamentalistas del mercado desregulado como si llueve. Según ellos, el mercado, cuando se respetan los acuerdos libremente aceptados, garantiza que cada cual cargue con las consecuencias de sus —buenas o malas— acciones. Vamos, que el que la hace la paga y además, en sus justas dosis, en proporción a sus aciertos o desatinos. No sólo eso, además, el mercado, sin intromisiones institucionales, asegura la prosperidad. Mejor imposible. Mérito y bienestar, justicia y eficiencia. Con estos mimbres los conservadores amueblan su andamio retórico y sus muchachos se pasean por las radios.

Se ha penalizado a los decentes y ha habido una amplificación incontrolada de las patologías

Un relato que la crisis ha revelado lleno de costurones. Ni uno de sus principios se ha mantenido. Los ciudadanos hemos visto violados acuerdos fundamentales a pesar de cumplir con nuestra parte: empresas y hogares solventes que, sin haberse enredado en apuestas arriesgadas, han encontrado cerradas sus fuentes de financiación; trabajadores a los que se les modifican las condiciones laborales (indemnizaciones por despido, calendario laboral, cotizaciones sociales de los empresarios) pactadas en complicadas negociaciones y, en muchos casos, convertidas en derechos; votantes que ven como se desmantela un Estado del bienestar que los partidos se comprometieron a sostener; empleados públicos a quienes se reprocha su estabilidad laboral, algo que estaba en el acuerdo inicial que establecieron cuando optaron a sus puestos.

Tampoco se ha cumplido el principio de que "quien la hace, la paga". Ni los bancos cargaban con el riesgo de las hipotecas ni los intermediarios financieros tenían que degustar el veneno de las titulaciones que inyectaban en las venas del sistema financiero. La supuesta relación entre las acciones y la (justa) retribución quedaba en nada cuando las agencias de calificación, contratadas por las propias entidades que evaluaban, sabían que si hacían debidamente su trabajo, lo perderían, que su mejor modo de conservar el negocio era callarse, o cuando los sistemas de las bonificaciones e incentivos alentaban en los empleados de los bancos de inversión o de gestión de fondos una apuestas temerarias a corto plazo con las que ellos ganaban un fortuna, despreocupándose por los intereses de sus clientes y hasta de sus empresas.

Con todo, los mayores descosidos los ha experimentado la retórica de la bondad de los resultados, según la cual, la competencia desregulada asegura el bienestar y, de paso, el castigo del mal comportamiento. En realidad, se impuso lo contrario, una penalización de los decentes y una amplificación incontrolada de las patologías. Recuerden cómo se extendió la mancha. Un prestamista sensato en la concesión de hipotecas, al encontrase con que sus competidores capturaban —a más elevados intereses— a los prestatarios que él rechazaba y que, por ello, su cuota de mercado y sus acciones caían, se enfrentaba a un dilema: seguir con la prudencia y desaparecer, o asumir riesgos, como sus rivales. Hasta aquí, el mecanismo de penalización clásico del mercado: el que la hace, la paga. Pero con la desregulación ya nada era igual. Ahora las hipotecas se podían reexpedir a las empresas de Wall Street para su titulación y trasladar los riesgos. Se acabaron los miramientos para conceder préstamos. La temeridad era la única estrategia ante competidores que, aunque no quisieran, recelosos de que se les anticiparan, se comportaban con temeridad. Una historia que se repitió, amplificada, en el siguiente escalón, cuando las empresas de Wall Street ponían en circulación las hipotecas titulizadas. Los primeros aún podían saber alguna cosa acerca de la fiabilidad de los prestamistas; en Wall Street no tenían ni idea. Hasta es posible que pensaran que los otros tenían razones para examinar las hipotecas. Es posible, aunque no es seguro. Después de todo, mediante los famosos CDO, Goldman Sachs apostó en contra —para obtener beneficios en el caso de que quebraran— los valores que recomendaba comprar a sus clientes diciéndoles que eran tan seguros como las letras del Tesoro.

Hay quienes solo pueden salir a manifestar que también tienen intereses, seguramente más justos

Pero aunque el relato conservador no se sostenga, la izquierda no levanta cabeza. La crítica no es suficiente. Hacen falta propuestas. Un terreno yermo, si miramos el panorama más cercano. Pero hay vida más allá de nuestra triste izquierda. Basta con compararnos, ahora que se aproximan las elecciones francesas, con nuestros vecinos. Un par de ejemplos que confirman que la radicalidad no es enemiga de la calidad: la defensa de un Estado garante del contrato social y de la protección bienestarista de Philippe Aghion, en Repensar l’État, o las iniciativas fiscales basadas en los principios de equidad, progresividad real y democracia de Thomas Piketty en Pour une révolution fiscale.

Desafortunadamente tampoco basta con tener claros retos y soluciones. En el desierto y sin alimentos, o con una enfermedad curable y sin seguro médico ni recursos, de poco me sirve conocer la solución a mis quebrantos. Al final, lo importante es poder aplicar las propuestas. El poder, que de eso va la política real.

También en esto hemos aprendido. Por ejemplo, que mientras a unos pocos les basta con una llamada de teléfono para pedir un cambio en la Constitución o con asomarse a los medios de comunicación para recordarnos que no están dispuestos a invertir si no se generan ciertas condiciones de confianza, de confianza para ellos, a muchos otros no les queda más que salir a la calle para recordar que también tienen intereses, seguramente más justos. Y si no lo hacen, saldrán perdiendo. Disponen de menos poder y, por eso mismo, les resulta mucho más difícil ser escuchados.

No exagero. Es otra de las lecciones de la crisis, en particular de los altos ejecutivos del sector financiero, quienes, en virtud de su posición de poder —de problemas de agencia y de información asimétrica— con los propietarios, pudieron fijar sus propios salarios, sin que importase "su productividad". Sus enormes ingresos derivaban de su poder negociador. La enseñanza: el poder político, como el empresarial, se decanta por la línea de menor resistencia. Tiene que decidir qué modifica y qué da por sagrado, qué da por bueno y qué no. Una elección en la que importa la fuerza de cada cual, no la justicia de lo que pide.

Y aquí las cosas pintan mal. Tengo dudas acerca de la eficacia de la reforma laboral, pero de lo que no tengo duda alguna es de que modifica las relaciones de fuerza entre los trabajadores y los empresarios ni de que, más temprano que tarde, eso tendrá consecuencias en la redistribución de la renta. Nos jugamos bastantes más cosas que una hipotética recuperación a cualquier precio. Y quien no esté de acuerdo, quien crea que todo vale, debería reconsiderar la legislación del trabajo infantil. De momento ya se discute el derecho a quejarse y, a la mínima, los dicharacheros portavoces de la derecha reaccionan como si vinieran los hunos. Un respeto, que no hacemos más que aplicar lo aprendido.

Félix Ovejero Lucas es profesor de Economía de la Universidad de Barcelona.

STF e Instituto Chico Mendes (ICMBIO) - Apontamentos para uma discussão (com adendo)

Está aqui uma interessante decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) para ser discutida. O STF declarou parcialmente procedente a ADIn que questionava a criação do (importantíssimo) Instituto Chico Mendes por violação ao devido processo legislativo.

A decisão é interessante porque, apesar de reconhecer a violação ao processo legislativo (faltou manifestação da Comissão Mista, o que impedia que a MP fosse convertida em Lei), modulou os efeitos da decisão (aqui está o primeiro ponto para discussão) e concedeu 2 anos ao Congresso para que edite lei adequada (outro ponto interessante para discussão).

MAS, o voto divergente do Min. Ricardo Lewandowski não deixa de chamar a atenção sobre também a "omissão legislativa" ser um "ato" (na falta do parecer da Comissão Mista, devolveu-se a matéria ao Plenário do Congresso que aprovou a conversão da MP em lei).

MTO MTO INTERESSANTE PARA DISCUTIR CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE; MODULAÇÃO DOS EFEITOS DAS DECISÕES; PROCESSO LEGISLATIVO; OMISSÃO LEGISLATIVA; DIÁLOGOS INSTITUCIONAIS...

PS: Acabo de saber que o Supremo HOJE (08/03) deu procedência ao pedido de REVISÃO DA DECISÃO feito pela AGU. Tal pedido se fundamentou na insegurança jurídica que tal decisão poderia causar, tendo em vista que em torno de 500 MP's semelhantes ao do ICMBIO foram convertidas em lei (inclusive aquelas que instituíram o Bolsa Família, o Programa Minha Casa, Minha Vida, etc.). O STF deu efeitos pró-futuro a decisão, valendo apenas para as MP's editadas da data do julgamento em diante. HUNF!!!!!


http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=202057

Quarta-feira, 07 de março de 2012

STF mantém Instituto Chico Mendes, mas dá dois anos para Congresso editar nova lei sobre a autarquia

O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) declarou a inconstitucionalidade da Lei 11.516/2007, que criou o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), mas deu um prazo de dois anos para que o Congresso Nacional edite nova lei para garantir a continuidade da autarquia. A decisão foi tomada no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 4029, ajuizada na Corte pela Associação Nacional dos Servidores do Ibama. Até lá, o instituto segue funcionando.

Os ministros entenderam que a tramitação da Medida Provisória 366/2007, que deu origem à Lei 11.516/2007, não respeitou a tramitação legislativa prevista na Constituição Federal.

Para a autora da ADI, a norma seria formalmente inconstitucional, uma vez que o ICMBio foi criado a partir de uma Medida Provisória do governo convertida na lei questionada, sem ter sido apreciada por uma comissão mista de deputados e senadores, como prevê a Constituição Federal em seu artigo 62, parágrafo 9º. A MP, diz a associação, foi convertida em lei com a emissão de parecer individual do relator, sem manifestação da comissão.

Além disso, a matéria não possuiria as características de urgência e relevância a justificar a edição de medida provisória, ressalta a ação.

AGU

Ao se manifestar durante o julgamento, o advogado-geral da União, Luis Inácio Adams, chegou a defender a lei em discussão, falando da urgência da matéria, tendo em vista o crescimento das áreas de preservação no país, e a importância estratégica do meio ambiente.

Quanto à tramitação legislativa da MP, o advogado disse que o Congresso busca resolver impasses da própria casa parlamentar para dar viabilidade ao processo legislativo. A MP tem um tempo de tramitação, disse Adams. Se não der tempo, o Congresso busca formas de suprir a deliberação da comissão mista e garantir a soberania do parlamento para decidir sobre a pertinência da medida.

Procedência parcial

Relator da ação, o ministro Luiz Fux votou no sentido de julgar parcialmente procedente a ADI, modulando os efeitos da decisão para que a Lei 11.516/2007 só seja declarada nula após 24 meses da prolação da decisão da Corte. Pelo voto do ministro, o instituto permanece existindo, e nesse prazo de dois anos o Congresso poderá editar nova lei, respeitando os ditames legais e constitucionais, para garantir a continuidade das atividades da autarquia.

Para o ministro, a conversão da MP 366/2007 na lei em questão não atendeu ao disposto no artigo 62 parágrafo 9º da Constituição Federal. A comissão mista foi constituída, explicou, mas não houve quórum para deliberação, o que motivou a aplicação do previsto na Resolução 1/2002 do Congresso, que diz que após 14 dias, se não deliberado pela comissão, o parecer pode ser apresentado individualmente pelo relator perante o plenário.

Para o ministro Fux, a importância das comissões mistas na análise e conversão de MPs não pode ser amesquinhada. No artigo 62, parágrafo 9º, a Constituição procurou dar maior reflexão das medidas emanadas pelo Executivo, disse ele.

O parecer, emitido pelo colegiado, é uma garantia de que o Legislativo seja efetivamente o fiscal do exercício atípico da função legiferante pelo Executivo. Para o ministro, ao dispensar o parecer redigido pela comissão mista, a resolução seria inconstitucional.

O ministro Luiz Fux disse entender que o abuso no poder de editar Medidas Provisórias estaria patente no presente caso, em que se criou um ente – uma autarquia – para atuar com as mesmas finalidades de uma instituição já existente, no caso o Ibama.

Assim, com base no desrespeito ao artigo 62, parágrafo 9º, da Constituição, e na falta de urgência para justificar a edição de MP e ainda propondo a modulação de efeitos da decisão, o ministro votou pela procedência parcial da ADI.

Ele foi acompanhado pelas ministras Rosa Weber e Cármen Lúcia Antunes Rocha quanto ao fundamento da inconstitucionalidade formal, por desrespeito ao artigo 62, parágrafo 9º, da Constituição.

Os ministros Ayres Britto e Gilmar Mendes também acompanharam o relator, mas apenas com base no fundamento do artigo 62, parágrafo 9º, da Constituição. Isso porque, para o ministro Britto, a avaliação quanto à urgência, embora não seja discricionária, é subjetiva do presidente da República. E, para o ministro, em matéria de atos concretos de preservação do meio ambiente, tudo é urgente e relevante. Já o ministro Gilmar Mendes se posicionou no sentido de que é preciso da efetividade ao artigo 62, parágrafo 9º, da Constituição.

Já o ministro Marco Aurélio votou pela procedência total do pedido, sem qualquer modulação. Para ele, a inconstitucionalidade é de tal vulto que fulmina a lei em questão.

Para o ministro Celso de Mello, os requisitos para apresentação dessa MP estão presentes na exposição de motivos da medida. São razões que parecem satisfazer para se reconhecer o atendimento dos pressupostos da urgência e relevância para edição de MPs. Além disso, o ministro disse concordar com o ministro Ayres Britto quanto à urgência existente quando se trata de preservação do meio ambiente.

Mas o decano da Corte disse entender que a inconstitucionalidade formal é muito clara, no caso, pela inobservância do artigo 62, parágrafo 9º, por parte do Congresso Nacional.

Ao analisar a resolução 1/2002, o presidente da Corte, ministro Cezar Peluso, disse entender que a norma apenas fixou prazo para cumprir a Constituição. É um método de operacionalidade e funcionalidade do próprio poder Legislativo. Se não houver essa regulamentação, disse o ministro, as comissões não se sentiriam motivadas a exercer a competência que a Constituição Federal atribui a elas. Com esse argumento, o presidente disse rechaçar a alegação de inconstitucionalidade.

O ministro, no entanto, concordou com o relator quanto à falta de evidência do requisito da urgência para a edição de medida provisória. Nesse sentido, o ministro citou a realização de um acordo de cooperação entre ICMBio e Ibama, em que este traz para si, de volta, as competências que seriam exercidas pelo instituto. Se o próprio Ibama reconheceu a possibilidade de exercer as atribuições da autarquia recém criada, não se tratava de urgência, revelou o ministro.

Divergência

O ministro Ricardo Lewandowski divergiu integralmente do relator. Ele disse que a análise dos requisitos de urgência e relevância das medidas provisórias deve ser feita com muito cuidado pelo STF porque, para ele, a Corte não pode se substituir à vontade política discricionária do governo.

Quanto à tramitação da MP, o ministro disse entender que a Resolução 1/2002 é matéria interna corporis do parlamento, e a jurisprudência da Corte entende que o STF não pode se debruçar sobre matéria dessa natureza. Ainda quanto a esse ponto, o ministro disse que o parágrafo 9º do artigo 62 da Carta é imperativo: a comissão deve se manifestar, não pode se omitir. O relator do caso emitiu parecer, mas a comissão não se manifestou por falta de quórum. Diante dessa chamada manobra de obstrução, o Congresso Nacional avocou a discussão da matéria no plenário de suas casas, em respeito ao princípio da proporcionalidade.

Europa, política e economia. Artigo de um dos pensadores e críticos do direito mais expressivos da atualidade, professor do Birkbeck College da London University, Costas Douzinas

What now for Greece – collapse or resurrection?

Neoliberal economics planned in Brussels and Berlin will push Greece into third-world working conditions

•  Costa Douzinas guardian.co.uk, Monday 5 March 2012 09.00 GMT

An anti-austerity rally in Athens' Syntagma (Constitution) square last October 

http://gu.com/p/36vbv

mais um jovem constitucionalista mestre

Fernando Acunha é mais um jovem promissor constitucionalista que defendeu sua dissertação de mestrado na UNB intitulada Themis e o Sertão: os limites do direito no combate à discriminação contra o nordeste e os nordestinos. Tive a oportunidade de participar da defesa que foi vibrante. Mais um constitucionalista que faz a diferença!

Radicalizando a democracia - uma nova experiência na Suécia

Experiência muito interessante na Suécia sobre as práticas democráticas e como fazer seu vereador votar de acordo com o anseio do povo. Há críticas e aperfeiçoamentos necessários ao modelo proposto, mas a experiência por si só já representa um avanço, uma nova forma de se encarar a representação a responsabilidade do parlamentar (accountability).

http://www.gazetadopovo.com.br/colunistas/conteudo.phtml?tl=1&id=1230109&tit=Radicalizando-a-democracia

O Coro da Multidão

Radicalizando a democracia

Publicado em 05/03/2012 | RHODRIGO DEDA • RHODRIGODEDA@GMAIL.COM

O eleitor pode até se sentir frustrado com o descaso dos vereadores de Curitiba, ao se recusarem de todas as formas em afastar definitivamente o presidente licenciado da Câmara Municipal, João Cláudio Derosso (PSDB). Pode achar que não há nada a fazer. Pode inclusive achar que é uma luta perdida, depois que, na semana passada, a bancada de oposição na Câmara não conseguiu levar à votação em plenário o afastamento definitivo de Derosso. Entretanto, como a eleição de representantes para decidir sobre os rumos do governo é um dos componentes da democracia, deve-se pensar se dentro do jogo democrático é possível inovar a atuação política do cidadão. A resposta é sim. Veja-se uma experiência da Suécia.

Lá, eles inventaram um modo bem diferente de fazer política no parlamento, que à primeira vista parece absurdo para os padrões tradicionais da política brasileira. Imagine um vereador disposto a consultar os eleitores pela internet, antes de assumir uma posição em suas deliberações da Câmara Municipal. Em Vallentuna, uma cidade de aproximadamente 30 mil habitantes, essa postura começou a ser testada. A partir do seminário “TI – Tecnologia da Informação e a Democracia”, organizado no ano 2000, numa escola daquela cidade, um partido local, o Democracia Experimental (Demoex) foi estruturado a fim de atuar sem ideologias políticas predeterminadas. Só que com um compromisso claro: a ampliação da democracia na sociedade. A ideia conquistou a simpatia de 1,7% dos eleitores de Vallentuna, que elegeram uma estudante de 19 anos em 2002 para a câmara local. A jovem Parisa Molagholi foi reeleita em 2006, com 2,9% dos votos.

Pelo modelo adotado no Demoex, o voto da representante eleita é decidido nas redes. Todo cidadão acima de 16 anos pode se cadastrar no site do partido e participar das votações e debates. Pouco importam as convicções pessoais de Molagholi ou as instruções do partido. A posição que obtiver mais votos deverá ser seguida pela representante.

Esse modelo tenta se aproximar da democracia direta. Embora atue dentro das regras da democracia representativa, subverte o sistema, tornando-o mais atraente, em especial para grupos de cidadãos que vivem afastados da política tradicional. A solução do Demoex serve muito bem aos jovens eleitores, que se mostram desconfiados do sistema partidário nacional.

Como há a percepção de que uma vez eleitos, os parlamentares esquecem dos eleitores, a proposta do Demoex sueco é uma alternativa possível, porém de difícil implantação. Como estamos no Brasil, e não no primeiro mundo europeu, dois pontos precisam ser trabalhados com vigor.

Novo partido

O primeiro é a dura tarefa da criação do partido. Aqui os partidos precisam ter caráter nacional. O Tribunal Superior Eleitoral somente admite o registro do estatuto de legendas que comprovem o apoio de eleitores na proporção de pelo menos meio por cento dos votos na última eleição para a Câmara dos Deputados. Para dificultar ainda mais, conforme determina o art. 7.º da Lei 9096 – a Lei dos Partidos Políticos – esse apoio precisa ser distribuído por um terço ou mais dos estados brasileiros.

Não é uma tarefa fácil. É preciso recursos financeiros, engajamento e persistência. Mas o mundo das redes facilita captação de recursos.

Mecanismos de financiamento coletivo, como o site Catarse (catarse.me), podem ser úteis.

Se a criação de uma rede de colaboração não tem grande dificuldade de ser realizada, a tarefa mais árdua é a de conseguir a adesão dos eleitores. Essa lição já vem sendo aprendida pelo Partido Pirata e pelo Libertários, dois partidos que tentam se estruturar.

Ideologia mínima

O segundo ponto, é que, no Brasil, uma legenda totalmente desprovida de ideologia pode acabar conduzindo ao totalitarismo. Falta para nós brasileiros a consolidação de alguns valores que já estão há décadas internalizados pelos suecos. Na Suécia não precisa se falar em respeito à coisa pública, em igualdade, impessoalidade ou moralidade administrativa com a mesma intensidade que no Brasil. Então, sem estabelecer alguns valores essenciais ao respeito à “coisa pública”, um Demoex brasileiro pode perder em qualidade.

De esperança da nação, pode nascer já desacreditado.

O Demoex é uma alternativa que pode neutralizar o uso do cargo parlamentar para fins privados. Políticos eleitos pelo Demoex dificilmente deixariam a denúncia que envolve o presidente licenciado da Câmara João Cláudio Derosso (PSDB), sua esposa e contratos milionários de publicidade passar sem explicações. Até porque seus mandatos realmente pertenceriam ao povo
.

Politics in the Academy: The Same Old Song por Stanley Fish

http://opinionator.blogs.nytimes.com/2012/02/06/politics-in-the-academy-the-same-old-song/